El 30 de enero de 1933 Hitler accede a la Cancillería alemana después de ganar unas elecciones democráticas.
Si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato.
Sirvan este dato y este aforismo como introducción a la tesis que voy a defender en este artículo. No es mía, muchos la comparten, pero parece que la inmensa mayoría (y hablo de ciudadanos informados, sea cual sea su ideología, y de la mayoría de los políticos) no quiere darse cuenta de la gravedad de la situación actual. Los que podrían cambiarla y ponerle remedio hacen como que no se enteran o quizá crean ingenuamente que no va con ellos y, como muchos ciudadanos alemanes dijeron después de la derrota del Führer y su ejército “no sabíamos nada”, “no nos dimos cuenta ni lo vimos venir” o disculpas similares; cuando ya se conocían las andanzas del Partido Nazi y sus escuadras ciudadanas desde el año 1923.
HECHOS:
Desde que el Partido Popular llegó al poder con José María Aznar en el año 1996 se inició una alternancia en el gobierno entre el PP y el PSOE que conllevaba, por mandato constitucional, la renovación del Consejo General del Poder Judicial cada cinco años. La renovación de los vocales del CGPJ implicaba, de facto, un acuerdo entre los dos grandes partidos pues ninguno de ellos llegaba por si solo a la mayoría de tres quintos necesaria. Desde entonces el PP mantuvo una estrategia clara: Cuando gobernaba llegaba a pactos de renovación con el PSOE y cuando estaba en la oposición vetaba la renovación… y así sucesivamente, con la escandalosa consecuencia de que la última renovación se llevó a cabo tras ¡cinco años de veto! por el PP y solo tras un acuerdo de renovación que permitía que siguiera la mayoría conservadora en el CGPJ.
Los jueces que han osado ejercer su profesión de manera independiente y contraria a la extrema derechización imperante en la alta judicatura, fueron apartados de la carrera judicial. Baltasar Garzón fue inhabilitado cuando instruía el Caso Gürtel y Elpidio Silva por su instrucción del caso Blesa (sí, ese que más tarde se “suicidó” con una escopeta de caza) que, curiosamente, y según la hipótesis del juez instructor, estaba también implicado ¿en? sí, exactamente, en el Caso Gürtel. Recordemos que el Caso Gürtel fue una de las grandes causas por corrupción, latrocinio, evasión de impuestos y prevaricación abiertas contra el PP (hay cientos de ellas y en algunas se llegó a definir al Partido Popular, en sede judicial, por jueces y fiscales, como una “asociación de delincuentes”).
Cuando Podemos aparece en la escena política allá en 2014, sacando cinco escaños en las elecciones europeas y, más tarde, consolidándose como una alternativa real a la izquierda del PSOE y formado una coalición de gobierno con Pedro Sánchez en el año 2020, saltan todas las alarmas ¿por qué? Porque Podemos se manifiesta como ideológicamente de izquierdas y, lo que es peor e imperdonable, no depende de los bancos para mantenerse, solo depende de sus afiliados con sus cuotas y de los créditos personales que sus militantes o simpatizantes le conceden en cada campaña electoral. ¿Consecuencia? se inicia el acoso a Podemos y a sus fundadores y altos cargos.
El juez Manuel García-Castellón, traído en 2017 de su destino dorado en Italia siendo Jorge Fernández Díaz ministro del Interior con M. Rajoy (sea quien sea ese individuo, como se indica en la sentencia de “los papeles de Bárcenas”), a donde lo habían mandado con pingües emolumentos y casi nulas obligaciones en justa recompensa por su actuación en casos sonados como la Operación Pelícano (sí, esa relacionada con la expulsión de Baltasar Garzón), el caso Atlético o el atentado contra José María Aznar. Vuelve a la Audiencia nacional en el 2017 para sustituir ¡oh sorpresa! al juez Eloy Velasco (quien recientemente ha criticado públicamente a Irene Montero con la preciosa frase “nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona…” demostrando su talante machista y reaccionario). El juez García Castellón inicia múltiples causas judiciales contra todo lo que huela a izquierdismo o independentismo. Contra múltiples dirigentes de Podemos y contra el propio partido. Acusó de terrorismo a Carles Puigdemont. Sacó a Dolores de Cospedal del caso Kitchen (el uso de la policía para espiar a Bárcenas)… fue, en suma, el ariete del PP contra todos sus oponentes y el que velaba porque los dirigentes del partido pudieran seguir cometiendo fechorías con impunidad.
Se han propuesto querellas contra Podemos o altos cargos de Podemos por decenas. Todas sobreseídas o desestimadas o resueltas sin consecuencias. Querellas contra Podemos, querellas contra Pablo Iglesias, querellas contra Juan Carlos Monedero, querellas contra Pablo Echenique, querellas contra Irene Montero, escrache contra Irene Montero y Pablo Iglesias en su casa durante ¡más de un año!, siendo ministra y vicepresidente respectivamente del gobierno del país…
En abril de 2024 el juez Juan Carlos Peinado inicia una querella contra Begoña Gómez Fernández, esposa del Presidente del Gobierno, promovida por la organización ultracatólica Hazte Oír y el seudo sindicato de extrema derecha Manos Limpias (precioso oxímoron, por cierto) sostenida con… ¡recortes de prensa!
En octubre de 2024 el Tribunal Supremo abre causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos, en relación con el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, inculpado por Hacienda por evasión de impuestos. La Guardia Civil incauta, todo ¡todo! lo existente en el despacho del fiscal por orden del juez instructor, Ángel Luis Hurtado. En este momento están en poder de este juez, de los miembros de la Guardia Civil si han hecho copias y del Tribunal Supremo, datos privados del Fiscal General del Estado, datos referentes al CNI, a asuntos de terrorismo y datos que afectan a la política internacional de España… y no pasa nada.
Podría hacer referencia a muchos más hechos que darían, sin duda, para un libro extenso que espero que algún historiador afronte en un futuro próximo, pero que exceden de las pretensiones del presente artículo.
HIPÓTESIS:
En 1976 Manuel Fraga y otros seis altos cargos del franquismo fundan Alianza Popular para mantener incólume el poder real del franquismo (grandes bancos, familias destacadas del régimen, terratenientes, grandes industriales, multinacionales y, como no, la Iglesia Católica).
En la Transición pasan muchas cosas. Se admite la Monarquía instaurada por el dictador sin siquiera dudarlo e incluso asistimos a un conato de golpe de estado (el conocido como 23F) en el que el papel del rey está aún por evaluar en profundidad y, en consecuencia, se reforma el ejército limándole sus resabios franquistas pero ¡oh sorpresa! Toda la judicatura se mantiene tal cual.
La Constitución Española, que no es ni mucho menos la más progresista de Europa, se ha tergiversado a voluntad. La interpretación de los artículos 64 y 65 de forma que el rey es intocable, haga lo que haga, es suficientemente ilustrativa. Las consecuencias ya las conocemos: Un rey ladrón, corrupto, evasor de impuestos y traidor a su Patria. La reciente querella interpuesta contra el rey emérito por un grupo de juristas, periodistas e intelectuales, por delitos contra Hacienda (cometidos después de su abdicación y habiendo perdido la inmunidad) es muy probable que quede en nada porque el CGPJ, y por tanto el Tribunal Supremo, son los que son y trabajan para quien trabajan, que en ningún caso son los ciudadanos.
El control de la Justicia por lo más reaccionario de la profesión fue una decisión clara y, salvo escasas excepciones (que, como he contado más arriba, fueron apartadas del tablero de juego) lo sigue siendo. Los tribunales de oposiciones, los preparadores de los aspirantes y las familias de rancio abolengo copan, de facto, el acceso a la judicatura y hoy definir al alto estamento judicial como de extrema derecha, corporativista y prevaricador es quedarse corto.
La degradación de la justicia ha ido en continuo aumento pues, sabedores de su impunidad, los jueces reaccionarios alcanzan en sus acciones alturas insospechadas hace pocos años. La irrupción e incautación de documentos en el despacho del Fiscal General del Estado es un extremo difícil de superar… y el CGPJ no ha hecho nada.
TESIS:
Vuelvo al aforismo del pato. Visto lo visto no hay otra conclusión posible: Estamos bajo una dictadura judicial que reinterpreta las leyes a su gusto, modifica la Constitución cuando le viene en gana, utiliza a las fuerzas del orden a su conveniencia y practica la represión continuada contra todo y todos los que huelan a izquierdismo. El apoyo casi total de la prensa escrita y de la inmensa mayoría de las televisiones refuerza la tesis y refuerza su poder.
Los partidos de la extrema derecha (PP y sus adláteres) practican la mentira como una de las bellas artes, toman decisiones políticas (normalmente basadas en la incompetencia cuando no en el latrocinio continuado o en ambos) con resultados mortales (los 7291 muertos de los Protocolos de Isabel Díaz Ayuso o los 223 de la dana de Valencia bajo la dirección de Carlos Mazón) y no pasa nada.
No podemos permitir que esto siga así. O los ciudadanos tomamos conciencia y obligamos a nuestros gobiernos a tomar medidas urgentes y drásticas o terminaremos lamentándolo y sufriendo, aún más, las consecuencias. Recordemos a la ciudadanía alemana del año 1933 y no cometamos sus mismos errores
REFERENCIAS:
Dejo algunas referencias de lo que mantengo en mi artículo, de plumas y opiniones muy diversas y, sin duda, más fundadas que la mía. Podría haber añadido muchas más.
Los secretos del Supremo, por Ignacio Escolar director de elDiario.es:
https://www.eldiario.es/blog/el-boletin-del-director/secretos-supremo_132_11864734.html
Cómo lo ve… José Antonio Martín Pallín, entrevista en InfoLibre al ex magistrado del Tribunal Supremo:
https://www.youtube.com/watch?v=4jUTx5zvxmY
Las cúpulas de los tribunales seguirán bajo el control de la derecha, artículo de InfoLibre:
https://www.infolibre.es/politica/titanica-tarea-cgpj-introducir-pluralismo-judicatura-arrasa-derecha_1_1910089.html
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