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Hacía mucho
tiempo que no leía un artículo tan excelente y tan necesario como este que
Cristina Papin Marcote acaba de publicar en infoLibre.
Tan excelente
porque no se pueden explicar más cosas con menos palabras y tan necesario, en
los tiempos que corren, para recordar a muchos la historia de este país llamado
España que tan dado es al olvido, a la mentira y a la tergiversación.
Hace Cristina un
compendio histórico (muy resumido, por supuesto) de lo que algunos llevamos
décadas diciendo, no solo por vivir en Galicia sino por no ser tan
desmemoriados como parece ser la mayoría de nuestros conciudadanos.
Manuel Fraga,
junto a otros seis correligionarios altos cargos del franquismo (apodados los
siete magníficos en recuerdo de la famosa película que John Sturges dirigió en
1960), fundó Alianza Popular (AP) en el año 1976, en los albores de la
Transición, con la clara misión de hacer que el “atado y bien atado” que dejó
dicho Franco fuera algo más que una frase, toda vez que Adolfo Suárez les
saliera más díscolo de lo previsto e intentara instaurar, de verdad, la
democracia en España. El objetivo de AP era mantener en democracia el poder del
franquismo (y quienes lo ostentaban) sin solución de continuidad, por más que
con los nuevos tiempos se implantasen otras maneras de hacer más modernas y,
sobre todo, más vendibles en Europa. En este empeño tenían el apoyo absoluto no
solo de los que detentaban el poder real (bancos, grandes empresas, Opus Dei,
terratenientes y grandes fortunas) sino también el no menos importante de la
Iglesia Católica y de la judicatura a la que, curiosamente, no se le aplicó la
misma depuración que al ejército y pasó de dictar sentencias de muerte a
capitanear la nueva Constitución y sus leyes derivadas pero, eso sí, sin
modificar nada sustancial pues, aún hoy, siguen en vigor no pocas leyes y
decretos franquistas.
Efectivamente,
cuando el PSOE, de la mano de Felipe González, alcanzó sus mayorías absolutas y
empezó a modernizar el país, en AP empezaron a meter presión los jóvenes
cachorros que demandaban su sitio en las esferas del partido; Manuel Fraga se
vio forzado a un retiro dorado en su Galicia natal, bajo la atenta mirada de sus
barones provinciales, José Cuiña, Francisco Cacharro, José Luis Baltar y Romay
Beccaría. Fraga, o “patrón” estaba al frente de la Xunta, pero gobernar, lo que
se dice gobernar, lo hacían los barones y los respectivos caciques que de ellos
dependían.
En los primeros
tiempos de la autonomía gallega, en las elecciones había pucherazos y acarreos
de votantes, y no solo en el rural, también en las ciudades. La maquinaria del
control social del territorio estaba perfectamente engrasada y los caciques
daban y quitaban puestos de trabajo, prebendas, derechos y obligaciones. Así
era en el franquismo y así siguió siendo en la Transición. No son pocos los
alcaldes franquistas que siguieron siéndolo con la democracia.
Lo de las
aportaciones a AP, primero, y al PP después eran procedimientos cotidianos. El
contratista que quería acceder a una adjudicación (autonómica, pero también
local) sabía que tenía que aportar un 4% del presupuesto de ejecución al
partido, para empezar, y si quería garantizar la adjudicación, hacer la baja
correspondiente. Luego vendrían los reformados y las modificaciones de obra
para cubrir, con creces, lo previamente aportado. Esto fue así desde el inicio
de la autonomía y personajes como Pablo Crespo adquirieron una gran experiencia
en Galicia que, más adelante, llevaron al partido nacional con Aznar en Madrid.
Sí, como afirma Cristina en su artículo “La financiación ilegal del PP nació en
Galicia” y sigue en nuestros días con absoluta impunidad. Autovías, puertos
deportivos y de los otros, polideportivos, estadios, centros multiusos… ninguna
obra es ajena al procedimiento, tanto da que se adjudique por concurso o “a
dedo”. Lo de la partición de las adjudicaciones para no tener que tramitarlas
por concurso público también se inventó en Galicia y hoy es habitual en
cualquier autonomía del PP (que se lo pregunten a Ayuso en Madrid).
Como reza el
título de este artículo, el PP ha sido, y sigue siendo, un cáncer para el país
que, con el tiempo y la aparición del Partido Judicial que hace política sin
presentarse a las elecciones, ha derivado en una metástasis insufrible. Y no va
a ir a menos sino todo lo contrario, salvo que los ciudadanos nos concienciemos
y propiciemos que la asociación de delincuentes que es el PP (y esto no lo digo
solo yo, lo han dicho en repetidas ocasiones y en sede judicial, jueces y
fiscales) sea disuelta por resolución judicial y sus dirigentes condenados por
prevaricación, latrocinio continuado y malversación de fondos públicos.
