UN CANCER PARA EL PAÍS

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Hacía mucho tiempo que no leía un artículo tan excelente y tan necesario como este que Cristina Papin Marcote acaba de publicar en infoLibre.

Tan excelente porque no se pueden explicar más cosas con menos palabras y tan necesario, en los tiempos que corren, para recordar a muchos la historia de este país llamado España que tan dado es al olvido, a la mentira y a la tergiversación.

Hace Cristina un compendio histórico (muy resumido, por supuesto) de lo que algunos llevamos décadas diciendo, no solo por vivir en Galicia sino por no ser tan desmemoriados como parece ser la mayoría de nuestros conciudadanos.

Manuel Fraga, junto a otros seis correligionarios altos cargos del franquismo (apodados los siete magníficos en recuerdo de la famosa película que John Sturges dirigió en 1960), fundó Alianza Popular (AP) en el año 1976, en los albores de la Transición, con la clara misión de hacer que el “atado y bien atado” que dejó dicho Franco fuera algo más que una frase, toda vez que Adolfo Suárez les saliera más díscolo de lo previsto e intentara instaurar, de verdad, la democracia en España. El objetivo de AP era mantener en democracia el poder del franquismo (y quienes lo ostentaban) sin solución de continuidad, por más que con los nuevos tiempos se implantasen otras maneras de hacer más modernas y, sobre todo, más vendibles en Europa. En este empeño tenían el apoyo absoluto no solo de los que detentaban el poder real (bancos, grandes empresas, Opus Dei, terratenientes y grandes fortunas) sino también el no menos importante de la Iglesia Católica y de la judicatura a la que, curiosamente, no se le aplicó la misma depuración que al ejército y pasó de dictar sentencias de muerte a capitanear la nueva Constitución y sus leyes derivadas pero, eso sí, sin modificar nada sustancial pues, aún hoy, siguen en vigor no pocas leyes y decretos franquistas.

Efectivamente, cuando el PSOE, de la mano de Felipe González, alcanzó sus mayorías absolutas y empezó a modernizar el país, en AP empezaron a meter presión los jóvenes cachorros que demandaban su sitio en las esferas del partido; Manuel Fraga se vio forzado a un retiro dorado en su Galicia natal, bajo la atenta mirada de sus barones provinciales, José Cuiña, Francisco Cacharro, José Luis Baltar y Romay Beccaría. Fraga, o “patrón” estaba al frente de la Xunta, pero gobernar, lo que se dice gobernar, lo hacían los barones y los respectivos caciques que de ellos dependían.

En los primeros tiempos de la autonomía gallega, en las elecciones había pucherazos y acarreos de votantes, y no solo en el rural, también en las ciudades. La maquinaria del control social del territorio estaba perfectamente engrasada y los caciques daban y quitaban puestos de trabajo, prebendas, derechos y obligaciones. Así era en el franquismo y así siguió siendo en la Transición. No son pocos los alcaldes franquistas que siguieron siéndolo con la democracia.

Lo de las aportaciones a AP, primero, y al PP después eran procedimientos cotidianos. El contratista que quería acceder a una adjudicación (autonómica, pero también local) sabía que tenía que aportar un 4% del presupuesto de ejecución al partido, para empezar, y si quería garantizar la adjudicación, hacer la baja correspondiente. Luego vendrían los reformados y las modificaciones de obra para cubrir, con creces, lo previamente aportado. Esto fue así desde el inicio de la autonomía y personajes como Pablo Crespo adquirieron una gran experiencia en Galicia que, más adelante, llevaron al partido nacional con Aznar en Madrid. Sí, como afirma Cristina en su artículo “La financiación ilegal del PP nació en Galicia” y sigue en nuestros días con absoluta impunidad. Autovías, puertos deportivos y de los otros, polideportivos, estadios, centros multiusos… ninguna obra es ajena al procedimiento, tanto da que se adjudique por concurso o “a dedo”. Lo de la partición de las adjudicaciones para no tener que tramitarlas por concurso público también se inventó en Galicia y hoy es habitual en cualquier autonomía del PP (que se lo pregunten a Ayuso en Madrid).

Como reza el título de este artículo, el PP ha sido, y sigue siendo, un cáncer para el país que, con el tiempo y la aparición del Partido Judicial que hace política sin presentarse a las elecciones, ha derivado en una metástasis insufrible. Y no va a ir a menos sino todo lo contrario, salvo que los ciudadanos nos concienciemos y propiciemos que la asociación de delincuentes que es el PP (y esto no lo digo solo yo, lo han dicho en repetidas ocasiones y en sede judicial, jueces y fiscales) sea disuelta por resolución judicial y sus dirigentes condenados por prevaricación, latrocinio continuado y malversación de fondos públicos.